¡NUEVO CICLO! Se contempla la legalización del cannabis en España

Escrito por el 7 noviembre, 2019

En los últimos años varios países como Canadá o algunos Estados dentro de Estados Unidos han regulado, de distintas maneras, el uso recreativo del cannabis. En EE UU, según el National Institute of Drug Abuse (NIH) el consumo ha descendido entre los más jóvenes, y en Colorado el porcentaje de adolescentes arrestados por delitos relacionados con el cannabis ha descendido en torno a un 20%. En un reciente estudio publicado en la revista pediátrica JAMA, se afirma que la regulación medicinal del cannabis no tuvo ningún efecto en la población adolescente, pero sí que existe una posible evidencia en la reducción del consumo adolescente cuando la regulación incluye también al cannabis recreativo, debido a la dificultad que encuentran para conseguirlo cuando el mercado negro es sustituido por un dispensario autorizado que requiere prueba de edad.

Íñigo Errejón Galván es un politólogo y político español, diputado la xi legislatura de la Asamblea de Madrid, en la que ejerce de líder del grupo parlamentario de Más Madrid, habló al respecto diciendo que: “La legalización del cannabis está pensada para proteger mejor la salud y la seguridad de los usuarios, alejar esta sustancia de los menores y mantener los beneficios fuera del mercado negro”. 

Al respecto, poco se han resistido a la idea, lo cierto es que ya en poco tiempo no muy lejano, será una realidad en España, así como ya lo mencionamos en Canadá.

Desde su regulación en 2014, Colorado ha ingresado vía impuestos directos e indirectos, más de 1 billón de dólares. Un dinero que deja de estar circulando en el mercado negro y pasa a dotar de recursos la prevención de menores y a financiar los servicios públicos. Cuanto más suben los ingresos públicos, más baja el mercado negro. En España, haciendo las estimaciones comparadas estaríamos hablando de la creación de 90.000 empleos para el año 2030 y de unos ingresos vía impuestos que oscilan entre los 1.500 y los 3.000 millones de euros al año, a lo que habría que sumar el ahorro en el coste policial y judicial.

Con información de EL PAÍS. 


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